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PROCESOS DE INTERDICCIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL  EN  COLOMBIA

PROCESOS DE INTERDICCIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL EN COLOMBIA

Esta ley esta creada para proteger el patrimonio de aquellas personas que por su condición de discapacidad(enfermedad,vejez,o edad) no se encuentran en condiciones de administrar sus bienes y por el contrario estan en riesgo de hacer negocios inconvenientes o ser victimas de fraudes por su condición especial.


La protección de la persona con discapacidad mental y de sus derechos fundamentales será la directriz de interpretación y aplicación de estas normas. El ejercicio de las guardas y consejerías y de los sistemas de administración patrimonial  tendrán como objetivo principal la rehabili­tación y el bienestar del afectado.

 
El proceso se adelanta ante un juez de familia quien ordena previa revision de la solicitud y agotamiento del trámite  se designe una persona idónea(familiar ó profesional) para que le administre no solo su patrimonio, sino  para que actue en su nombre en ejercicio de sus derechos y obligaciones.     

Proceso de interdicción judicial:

 

El proceso de interdicción es un proceso de jurisdicción voluntaria, pues con este no se busca resolver un litigio, ni controvertir un derecho sino que se declare que una persona no está en capacidades mentales para ejercer su capacidad de ejercicio.

 

Esta clase de proceso se encuentra consagrado en el numeral 7 del artículo 649 del código de procedimiento civil, como interdicción de persona con discapacidad mental, la finalidad de este proceso es evitar que se aprovechen de la discapacidad mental de las personas y le hagan celebrar negocios que puedan afectar su patrimonio.

Este proceso se inicia con una demanda que debe reunir todos los requisitos legales en especial los contenidos en el artículo 659 del código de procedimiento civil, los cuales son los siguientes:

 

Certificado de un médico psiquiatra o neurólogo sobre el estado del presunto interdicto, expedido bajo juramento que se entenderá prestado por la sola firma.

1.Este proceso podrá promoverlo el Juez de Oficio.

2.Se ordenará citar a quienes se crean con derecho al ejercicio de la guarda y se ordenará el dictamen médico neurológico o psiquiátrico sobre el estado del paciente.

En el dictamen médico neurológico o psiquiátrico se deberá consignar:

1.Las manifestaciones características del estado actual del paciente.


2.La etiología, el diagnóstico y el pronóstico de la enfermedad, con indicación de sus consecuencias en la capacidad del paciente para administrar sus bienes y disponer de ellos, y
 

3.El tratamiento conveniente para procurar la mejoría del paciente.
 

En las sentencia que declara la interdicción de una persona con discapacidad ya sea provisoria o definitiva, también el juez podrá decretar las medidas de protección personal que considere necesarias y las terapéuticas, pues con este proceso no solo se busca la declaración de interdicción, sino también si es posible la rehabilitación de la persona.

Por último la declaratoria de interdicción debe ser insertada en el registro civil de la persona.

Derechos de autor: Angela Zambrano Mutis

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LEY 1306 DE 2009

 

por la cual se dictan normas para la Protección de Personas con Discapacidad Mental y se establece el Régimen de la Representación Legal de Incapaces Emancipados.

 

El Congreso de Colombia

 

DECRETA:

 

CAPITULO I

 

Consideraciones Preliminares

 

Artículo 1°. Objeto de la presente ley. La presente ley tiene por objeto la protección e inclusión social de toda persona natural con discapacidad mental o que adopte conductas que la inhabiliten para su normal desem­peño en la sociedad.

 

La protección de la persona con discapacidad mental y de sus derechos fundamentales será la directriz de interpretación y aplicación de estas normas. El ejercicio de las guardas y consejerías y de los sistemas de administración patrimonial  tendrán como objetivo principal la rehabili­tación y el bienestar del afectado.

 

Artículo 2°. Los sujetos con discapacidad mental. Una persona natural tiene discapacidad mental cuando padece limitaciones psíquicas o de comportamiento, que no le permite comprender el alcance de sus actos o asumen riesgos excesivos o innecesarios en el manejo de su patrimonio.

 

La incapacidad jurídica de las personas con discapacidad mental será correlativa a su afectación, sin perjuicio de la seguridad negocial y el derecho de los terceros que obren de buena fe.

 

Parágrafo. El término “demente” que aparece actualmente en las demás leyes, se entenderá sustituido por “persona con discapacidad mental” y en la valoración de sus actos se aplicará lo dispuesto por la presente ley en lo pertinente.

 

Artículo 3°. Principios. En la protección y garantía de los derechos de las personas con

discapacidad mental se tomarán en cuenta los si­guientes principios:

 

a) El respeto de su dignidad, su autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y su independencia;

 

b) La no discriminación por razón de discapacidad;

 

c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad;

 

d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad mental como parte de la diversidad y la condición humana;

 

e) La igualdad de oportunidades;

 

f) La accesibilidad;

 

g) La igualdad entre el hombre y la mujer con discapacidad mental;

 

h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad mental y de su derecho a preservar su identidad.

 

Estos principios tienen fuerza vinculante prevaleciendo sobre las demás normas contenidas en esta ley.

 

Artículo 4°. Dimensión normativa. La presente ley se complementa con los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales sobre De­rechos Humanos relativos a las personas en situación de discapacidad aprobados por Colombia, que integran el bloque de constitucionalidad.

 

No podrá restringirse o menoscabarse ninguno de los derechos reco­nocidos y vigentes a favor de las personas con discapacidad mental en la legislación interna o de Convenciones Internacionales, con el pretexto de que la presente ley no los reconoce o los reconoce en menor grado.

 

Para la determinación e interpretación de las obligaciones de protec­ción y restablecimiento de los derechos de las personas con discapacidad mental por quienes se encargan de su protección, se tomarán en cuenta las disposiciones del Código de la Infancia y la Adolescencia y en general, en las demás normas de protección de la familia, siempre que estas no sean contrarias en su letra o en su espíritu a la presente ley.

 

Para efectos de la interpretación, se aplicará el principio de prevalencia de la norma más favorable al individuo con discapacidad.

 

Artículo 5°. Obligaciones respecto de las personas con discapacidad. Son obligaciones de la sociedad y del Estado colombiano en relación con las personas con discapacidad mental:

 

1. Garantizar el disfrute pleno de todos los derechos a las personas con discapacidad mental, de acuerdo a su capacidad de ejercicio.

 

2. Prohibir, prevenir, investigar y sancionar toda forma de discrimi­nación por razones de discapacidad.

 

3. Proteger especialmente a las personas con discapacidad mental.

 

4. Crear medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real a las personas con discapacidad mental.

 

5. Establecer medidas normativas y administrativas acorde a las obli­gaciones derivadas de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos a favor de las personas en situación de discapacidad mental y las acciones necesarias para dar cumplimiento a los programas nacionales.

 

6. Fomentar que las dependencias y organismos de los diferentes órdenes de Gobierno trabajen en favor de la integración social de las personas con discapacidad mental.

 

7. Establecer y desarrollar las políticas y acciones necesarias para dar cumplimiento a los programas nacionales en favor de las personas en situación de discapacidad mental, así como aquellas que garanticen la equidad e igualdad de oportunidades en el ejercicio de sus derechos.

 

Artículo 6°. La función de protección. La protección del sujeto con discapacidad mental corresponde y grava a toda la sociedad, pero se ejercerá de manera preferencial por:

 

a) Los padres y las personas designadas por estos, por acto entre vivos o por causa de muerte.

 

b) El cónyuge o compañero o compañera permanente y los demás familiares en orden de proximidad, prefiriendo los ascendientes y cola­terales mayores y los parientes consanguíneos a los civiles.

 

c) Las personas designadas por el juez.

 

d) El Estado por intermedio de los funcionarios e instituciones legí­timamente habilitadas.

 

Serán encargados de la custodia y protección de quienes están en dis­capacidad mental quienes garanticen la calidad e idoneidad de la gestión y, por ello, el orden aquí establecido podrá ser modificado por el Juez de Familia cuando convenga a los intereses del afectado.

 

El encargado de la protección de la persona, sujeto con discapacidad mental, deberá asegurar para este un nivel de vida adecuado, lo cual incluye alimentación, vestido y vivienda apropiados y a la mejora conti­nua de sus condiciones de vida y adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos de discapacidad.

 

Parágrafo. Cuando en la presente ley se mencione al cónyuge o los parientes afines, se entenderán incluidos quienes, de acuerdo con la Constitución Política y la ley, tengan tal condición en la familia extra­matrimonial y civil. Cuando existan en una posición dos o más personas excluyentes entre sí, el juez preferirá a la persona que haya permanecido en último lugar con el sujeto, sin perjuicio de sus facultades de selección.

 

Artículo 7°. El Ministerio Público. La vigilancia y control de las ac­tuaciones públicas relacionadas con todos aquellos que tienen a su cargo personas con discapacidad mental, será ejercida por el Ministerio Público.

 

Artículo 8°. Derechos fundamentales. Los individuos con discapaci­dad mental tendrán los derechos que, en relación con los niños, niñas y adolescentes, consagra el Título I del Código de la Infancia y la Adoles­cencia –Ley 1098 de 2006– o las normas que lo sustituyan, modifiquen o adicionen y, de igual manera, los que se consagren para personas con discapacidad física, de la tercera edad, desplazada o amenazada y demás población vulnerable, en cuanto la situación de quien sufre discapacidad mental sea asimilable.

 

Para el disfrute y ejercicio de estos derechos se tendrá en consideración la condición propia y particular del sujeto afectado.

 

En la atención y garantía de los derechos de los individuos en discapa­cidad mental se tomarán en cuenta los principios de que trata el artículo 3º de la presente ley.

 

Artículo 9°. Identidad y filiación. Los sujetos con discapacidad mental deberán tener definida su identidad y filiación con sus correspondientes asientos en el Registro del Estado Civil.

 

Toda medida de protección estará precedida de las diligencias y ac­tuaciones necesarias para determinar plenamente la identidad de quien tiene discapacidad y su familia genética o jurídica, según el caso, y la inscripción de estos datos en el Registro del Estado Civil.

 

Cuando no sea posible probarlos, el funcionario competente deberá dar aviso inmediato al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que este tome las medidas previstas en la ley para su determinación.

 

Artículo 10. Dignidad y respeto personal. En las actuaciones relativas al que está sufriendo discapacidad mental no se podrá atentar contra la dignidad y respeto debido a la persona humana.

 

De ser necesario recurrir a medidas que puedan causar malestar al paciente por razones de terapia, educación, seguridad o resocialización, estas medidas se limitarán a lo indispensable para el propósito perseguido y siempre serán temporales. El representante del sujeto con discapacidad mental en esta situación vigilará que estas condiciones se cumplan.

 

Las personas con discapacidad mental no podrán ser objeto de inje­rencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar, corres­pondencia o cualquier otro tipo de comunicación o de agresiones contra su honor y su reputación.

 

Parágrafo 1º. Los derechos de los padres sobre sus hijos con disca­pacidad quedan limitados en todo aquello que se oponga al bienestar y desarrollo de estos.

 

Parágrafo 2º. Sin perjuicio del respeto de las tradiciones culturales, el régimen de los sujetos con discapacidad pertenecientes a las culturas indígenas es el establecido en la presente ley. Las autoridades propias de estas comunidades serán consultadas cuando se trate de aplicar las medidas previstas en esta ley y sus recomendaciones serán aplicables cuando no contradigan los propósitos u objetivos aquí previstos.

 

Artículo 11. Salud, educación y rehabilitación. Ningún sujeto con discapacidad mental podrá ser privado de su derecho a recibir tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico, adiestramiento, educación y rehabi­litación física o psicológica, proporcionales a su nivel de deficiencia, a efecto de que puedan lograr y mantener la máxima independencia, ca­pacidad física, mental, social y vocacional y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida, de acuerdo con los lineamientos y programas científicos diseñados o aprobados por el Comité Consultivo Nacional de las Personas con Limitación de que trata la Ley 361 de 1997.

 

La organización encargada de prestar el servicio de salud y de edu­cación en Colombia adoptará las medidas necesarias para obtener que ninguna persona con discapacidad mental sea privada del acceso a estos servicios desde la temprana edad.

 

La recreación, el deporte, las actividades lúdicas y en general cual­quier actividad dirigida a estimular el potencial físico, creativo, artístico e intelectual, son inherentes a las prestaciones de salud, educación y rehabilitación.

 

En el cálculo de las prestaciones alimentarias, congruas o necesarias, se incluirán los costos que demanden las actividades de salud, educación y rehabilitación aquí previstas.

 

Artículo 12. Prevención sanitaria. Las personas con discapacidad mental tienen derecho a los servicios de salud, incluidos los relaciona­dos con la salud sexual y reproductiva, de manera gratuita, a menos que la fuerza de su propio patrimonio, directo o derivado de la prestación alimentaria, le permitan asumir tales gastos.

 

La atención sanitaria y el aseguramiento de los riesgos de vida, salud, laborales o profesionales para quienes sufran discapacidad mental se prestará en las mismas condiciones de calidad y alcance que a los demás miembros de la sociedad. Las exclusiones que en esta materia se hagan por parte de los servicios de salud o de las aseguradoras, tendrán que ser autorizadas por vía general o particular por el Comité Consultivo Nacional de las Personas con Limitación.

 

Los encargados de velar por el bienestar de las personas con discapa­cidad mental tomarán las medidas necesarias para impedir o limitar la incidencia de agentes nocivos externos en la salud psíquica o de com­portamiento del sujeto y para evitar que se les discrimine en la atención de su salud o aseguramiento de sus riesgos personales por razón de su situación de discapacidad.

 

Los individuos con discapacidad mental quedan relevados de cumplir los deberes cívicos, políticos, militares o religiosos cuando quiera que ellos puedan afectar su salud o agravar su situación.

 

Artículo 13. Derecho al trabajo. El derecho al trabajo de quienes se encuentren con discapacidad mental incluye la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo estable, libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y acce­sibles en condiciones aceptables de seguridad y salubridad. El Estado garantizará los derechos laborales individuales y colectivos para los trabajadores con discapacidad mental.

 

Los empleadores están obligados a adoptar procesos de selección, formación profesional, permanencia y promoción que garanticen igual­dad de condiciones a personas con discapacidad mental que cumplan los requisitos de las convocatorias.

 

Parágrafo. La remuneración laboral no hará perder a una persona con discapacidad mental su derecho a los alimentos o a la asistencia social, a menos que esta remuneración supere los cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

 

Artículo 14. Acciones Populares y de Tutela. Toda persona está fa­cultada para solicitar directamente o por intermedio de los Defensores de Familia o del Ministerio Público, cualquier medida judicial tendiente a favorecer la condición personal del que sufre discapacidad mental.

 

La Acción de Tutela tiene cabida cuando se trate de defender los derechos fundamentales de la persona con discapacidad, pero los jue­ces tomarán sus decisiones luego de haber escuchado a los peritos de la entidad designada por el Gobierno Nacional de conformidad con lo dispuesto en artículo 16 de la presente ley o a un profesional médico cuando estos no existan en el lugar.

 

CAPITULO II

 

Personas con discapacidad mental

 

Artículo 15. Capacidad jurídica de los sujetos con discapacidad. Quienes padezcan discapacidad mental absoluta son incapaces absolutos.

 

Los sujetos con discapacidad mental relativa, inhabilitados conforme a esta ley, se consideran incapaces relativos respecto de aquellos actos y negocios sobre los cuales recae la inhabilitación. En lo demás se estará a las reglas generales de capacidad.

 

Artículo 16. Actos de otras personas con discapacidad. La valoración de la validez y eficacia de actuaciones realizadas por quienes sufran tras­tornos temporales que afecten su lucidez y no sean sujetos de medidas de protección se seguirá rigiendo por las reglas ordinarias.

 

 

Sección Primera

 

Personas con discapacidad mental absoluta

 

Artículo 17. El sujeto con discapacidad mental absoluta. Se consi­deran con discapacidad mental absoluta quienes sufren una afección o patología severa o profunda de aprendizaje, de comportamiento o de deterioro mental.

 

La calificación de la discapacidad se hará siguiendo los parámetros científicos adoptados por el Comité Consultivo Nacional de las Perso­nas con Limitación y utilizando una nomenclatura internacionalmente aceptada.

 

Artículo 18. Protección de estas personas. Corresponde al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por intermedio del Defensor de Fa­milia, prestar asistencia personal y jurídica a los sujetos con discapacidad mental absoluta de cualquier edad, de oficio o por denuncia que cualquier persona haga ante la Entidad.

 

El funcionario del ICBF o cualquier otro ciudadano que reciba noticia o denuncia sobre alguna persona con discapacidad mental absoluta que requiera asistencia, deberá informar inmediatamente al Defensor de Fa­milia, a efectos de que este proceda a tomar las medidas administrativas

 

de restablecimiento de derechos o a interponer las acciones judiciales pertinentes.

 

Parágrafo. Las normas sobre vulneración de los derechos, procedi­mientos y medidas de restablecimiento de los derechos contenidas en el Código de la Infancia y la Adolescencia, serán aplicables a las personas con discapacidad mental absoluta, en cuanto sea pertinente y adecuado a la situación de estas.

 

Artículo 19. Domicilio y residencia. Los sujetos con discapacidad mental absoluta tendrán el domicilio de su representante legal o guarda­dor. La persona con discapacidad mental fijará su lugar de residencia si tiene suficiente aptitud intelectual para ese efecto y no pone en riesgo su integridad personal o la de la comunidad. En caso contrario, la residencia será determinada por el guardador, salvo que las autoridades competentes dispongan en contrario.

 

El cambio de residencia permanente a otro municipio o distrito y la salida al exterior deberán ser informados al Defensor de Familia con una antelación no inferior a quince (15) días a dicho cambio. El Defen­sor de Familia dará traslado al Juez de Familia que tiene a su cargo el expediente del que tiene discapacidad mental absoluta y al funcionario del Registro Civil del lugar donde repose el registro civil de nacimiento, para lo de su cargo.

 

Parágrafo. En Secretarías de Salud de los municipios o distritos se llevará un Libro de Avecindamiento de Personas con discapacidad mental absoluta, en el que se hará constar el lugar de residencia de estas. Este libro será reservado y solo podrá ser consultado con permiso del Juez o del Defensor de Familia.

 

Cualquier persona que tenga conocimiento de que una persona con discapacidad mental absoluta reside o ha dejado de residir en la juris­dicción de un municipio, deberá denunciar el hecho ante el Secretario de Salud Municipal o Distrital, para que, previa su verificación, asiente la información correspondiente e informe al Juez de Familia.

 

Los Secretarios de Salud de los municipios y distritos dispondrán lo pertinente para poner en funcionamiento el Libro de Avecindamiento de que trata este artículo, dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de la presente ley y lo informarán a la Procuraduría General de la Nación. El incumplimiento de la obligación de abrir el libro en el plazo fijado o no llevarlo en debida forma será considerado falta grave en materia disciplinaria, sin perjuicio de tener que cumplir la obligación pertinente.

 

Artículo 20. Libertad e internamiento. Las personas con discapacidad mental absoluta gozarán de libertad, a menos que su internamiento por causa de su discapacidad sea imprescindible para la salud y terapia del paciente o por tranquilidad y seguridad ciudadana.

 

El internamiento de los pacientes será de urgencia o autorizado ju­dicialmente.

 

Parágrafo. La libertad de locomoción que se reconoce en el presente artículo incluye la posibilidad de trasladarse a cualquier lugar del país y del exterior, para lo cual, las autoridades proporcionarán los documentos y el apoyo que sea necesario para el efecto y tomarán referencia de su ubicación únicamente para efectos de su protección.

 

Artículo 21. Internamiento psiquiátrico de urgencia. Los pacientes con discapacidad mental absoluta solamente podrán internarse en clínicas o establecimientos especializados por urgencia calificada por el médico tratante o un perito del organismo designado por el Gobierno Nacional para el efecto o del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

 

El Director de la clínica o establecimiento deberá poner en conocimiento del Instituto de Bienestar Familiar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, el ingreso del paciente internado de urgencia, relacionando los datos sobre identidad del paciente, estado clínico y terapia adoptada.

 

Parágrafo. El internamiento de urgencia no podrá prolongarse por más de dos (2) meses, a menos que el Juez lo autorice de conformidad con el artículo siguiente.

 

Artículo 22. Internamiento psiquiátrico autorizado judicialmente. Cuando la situación no fuere de urgencia, corresponderá al Juez de Fa­milia autorizar el internamiento de carácter psiquiátrico de las personas con discapacidad mental absoluta. Esta autorización estará precedida de concepto del médico tratante o un perito del organismo designado por el Gobierno Nacional para el efecto sobre su necesidad o conveniencia para el paciente.

 

El Juez ordenará el internamiento en instituciones adecuadas y que cuenten con los medios para la atención y terapia del paciente, según la entidad de la enfermedad.

 

Artículo 23. Temporalidad del internamiento. La reclusión preventiva por causas ligadas al comportamiento es una medida temporal que no excederá de un (1) año, pero podrá ser prorrogada indefinidamente por lapsos iguales. Toda prórroga deberá estar precedida del concepto del médico tratante o perito, quien dejará constancia de haber observado y evaluado al paciente dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de rendición del concepto.

 

Parágrafo. El Juez, a petición de quien ejerza la guarda o de oficio, solicitará el concepto médico para la renovación de la autorización de internamiento o para disponer la salida, dentro de los treinta (30) días anteriores al vencimiento del término de esta.

 

Artículo 24. Fin del internamiento. El internamiento psiquiátrico cesará en cualquier momento en que se establezca pericialmente que las causas que la motivaron han desaparecido.

 

Vencido el término del internamiento, se dispondrá que este cese, a solicitud de cualquiera, incluso del paciente, siempre que no se ponga en riesgo el bienestar de la persona con discapacidad mental absoluta, la seguridad del grupo familiar o de la población.

 

Las solicitudes de cesación del internamiento y los recursos se resol­verán dentro de los términos previstos para la decisión de las acciones de tutela y dará lugar a la responsabilidad prevista en dicha normatividad para el vencimiento injustificado de los plazos.

 

Artículo 25. Interdicción de las personas con discapacidad mental absoluta. La interdicción de las personas con discapacidad mental ab­soluta es también una medida de restablecimiento de los derechos del discapacitado y, en consecuencia, cualquier persona podrá solicitarla.

 

Tienen el deber de provocar la interdicción:

 

1. El cónyuge o compañero o compañera permanente y los parientes consanguíneos y civiles hasta el tercer grado (3°).

 

2. Los Directores de clínicas y establecimientos de tratamiento psiquiátrico y terapéutico, respecto de los pacientes que se encuentren internados en el establecimiento.

 

3. El Defensor de Familia del lugar de residencia de la persona con discapacidad mental absoluta; y,

 

4. El Ministerio Público del lugar de residencia de la persona con discapacidad mental absoluta.

 

Parágrafo. Los parientes que, sin causa justificativa, no cumplan con el deber de provocar la interdicción y, de ello, se deriven perjuicios a la persona o al patrimonio de la persona con discapacidad mental absoluta, serán indignos para heredarlo; los Directores de establecimientos y los funcionarios públicos incurrirán en causal de mala conducta.

 

Artículo 26. Patria potestad prorrogada. Los padres, el Defensor de Familia o el Ministerio Público deberán pedir la interdicción de la per­sona con discapacidad mental absoluta, una vez este haya llegado a la pubertad y, en todo caso, antes de la mayoría de edad. La interdicción no tiene otra consecuencia que mantener a este adolescente como incapaz absoluto y permitir que opere la prórroga legal de la patria potestad, al cumplimiento de la mayoría de edad.

 

El Juez impondrá a los padres de la persona con discapacidad mental absoluta las obligaciones y recomendaciones de cuidado personal que impondría a los curadores y, si lo considera conveniente o lo solicita el Defensor de Familia, exigirá la presentación de cuentas e informes anuales de que tratan los artículos 108 a 111 de esta ley.

 

Parágrafo. La patria potestad prorrogada termina:

 

1. Por la muerte de los padres.

 

2. Por rehabilitación del interdicto.

 

3. Por matrimonio o unión marital de hecho declarada de la persona con discapacidad; y,

 

4. Por las causales de emancipación judicial.

 

Artículo 27. Interdicción provisoria. Mientras se decide la causa, el Juez de Familia podrá decretar la interdicción provisoria de la persona con discapacidad mental absoluta, cuando cuente con un dictamen pe­ricial que lo determine.

 

Artículo 28. Dictamen para la interdicción. En todo proceso de inter­dicción definitiva se contará con un dictamen completo y técnico sobre la persona con discapacidad mental absoluta realizado por un equipo interdisciplinario compuesto del modo que lo establece el inciso 2° del artículo 16 de esta ley. En dicho dictamen se precisarán la naturaleza de la enfermedad, su posible etiología y evolución, las recomendaciones de manejo y tratamiento y las condiciones de actuación o roles de des­empeño del individuo.

 

Artículo 29. Revisión de la interdicción. Cuando lo estime conveniente y por lo menos una vez cada año, el Juez del proceso a petición del guar­dador o de oficio, revisará la situación de la persona con discapacidad mental absoluta interdicta.

 

Para el efecto, decretará que se practique a la persona con discapacidad un examen clínico psicológico y físico, por un equipo interdisciplinario del organismo designado por el Gobierno Nacional para el efecto o del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

 

Artículo 30. Rehabilitación del interdicto. Cualquier persona podrá solicitar la rehabilitación del interdicto, incluso el mismo paciente.

 

Recibida la solicitud de rehabilitación, el Juez solicitará el dictamen pericial correspondiente, así como las demás pruebas que estime nece­sarias y, si es del caso, decretará la rehabilitación.

 

Parágrafo. El Juez, si lo estima conveniente, podrá abstenerse de iniciar diligencias respecto de una solicitud de rehabilitación cuando no hayan transcurrido seis (6) meses desde la última solicitud tramitada.

 

Artículo 31. Interdicción del rehabilitado y modificación de la medi­da. El rehabilitado podrá ser declarado interdicto de nuevo cuando sea necesario.

 

En las mismas condiciones del artículo precedente, el Juez podrá sustituir la interdicción por la inhabilitación negocial cuando la situación de la persona con discapacidad mental lo amerite.

 

Sección Segunda

 

El sujeto con discapacidad mental relativa

 

Artículo 32. La medida de inhabilitación. Las personas que padezcan deficiencias de comportamiento, prodigalidad o inmadurez negocial y que, como consecuencia de ello, puedan poner en serio riesgo su patrimonio, podrán ser inhabilitadas para celebrar algunos negocios jurídicos, a peti­ción de su cónyuge, el compañero o compañera permanente, los parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y aún por el mismo afectado.

 

Los procesos de inhabilitación se adelantarán ante el Juez de Familia.

 

Parágrafo. Para la inhabilitación será necesario el concepto de peritos designados por el Juez.

 

Artículo 33. Inhabilitación accesoria. En los procesos de liquidación patrimonial y en los de pago por cesión de bienes de personas naturales, podrá decretarse como medida accesoria la inhabilitación del fallido, a solicitud del representante del patrimonio, de los acreedores u oficiosa­mente por el Juez.

 

El Juez ante quien se adelante el proceso concursal contra el fallido, será el competente para decretar la inhabilitación accesoria.

 

Artículo 34. Alcance de la inhabilitación. La inhabilitación se limitará a los negocios que, por su cuantía o complejidad, hagan necesario que la persona con discapacidad mental relativa realice con la asistencia de un consejero.

 

Para la determinación de los actos objeto de la inhabilidad se tomará en cuenta la valoración física y psicológica que realicen peritos.

 

Parágrafo. El Juez, atendiendo las fuerzas del patrimonio señalará una suma para sus gastos personales del inhabilitado y para su libre ad­ministración, sin exceder del cincuenta por ciento (50%) de los ingresos reales netos.

 

Artículo 35. Situación del inhabilitado. El inhabilitado conservará su libertad personal y se mirará como capaz para todos los actos jurídicos distintos de aquellos sobre los cuales recae la inhabilidad.

 

Artículo 36. Inhabilitación provisional. Mientras se decide la causa, el Juez de Familia podrá decretar la inhabilitación provisional. Dicha inhabilitación se limitará a ordenar que todos los actos de enajenación patrimonial cuyo valor supere los quince (15) salarios mínimos legales mensuales sea autorizado por un consejero legítimo o dativo designado en el mismo acto de inhabilitación.

 

Artículo 37. Domicilio del inhabilitado. El inhabilitado fijará su domicilio de conformidad con las reglas del Código Civil. Con todo, para aquellos asuntos objeto de la inhabilitación también lo será el del consejero.

 

Artículo 38. Rehabilitación del inhabilitado. El Juez decretará la re­habilitación del inhabilitado a solicitud de este o de su consejero, previas las evaluaciones técnicas sobre su comportamiento. Entre dos (2) solici­tudes de rehabilitación deberán transcurrir cuando menos seis (6) meses.

 

El fallido tendrá derecho a obtener su rehabilitación cuando haya satisfecho a los deudores que se hicieron presentes en el concurso.

 

Artículo 39. Oposición a la rehabilitación. El consejero y cualquiera de las personas facultadas para promover el proceso de inhabilitación, podrá oponerse a la rehabilitación.

 

En todo caso, dentro del proceso de rehabilitación se citará a quienes promovieron el proceso que dio origen a la inhabilitación.

 

Corresponderá al Juez decidir sobre la viabilidad y fundamentación de la oposición.

 

Sección Tercera

 

Procedimiento

 

Artículo 40. Reglas de competencia. Los numerales 6, 7, 8 y 9 conte­nidos en el artículo 5° del Decreto 2272 de 1989, quedarán así:

 

6. De los procesos de designación y remoción de curadores, consejeros o administradores.

 

7. De la aprobación de las cuentas rendidas por guardadores, conse­jeros o administradores.

 

8. De la interdicción de la persona con discapacidad mental absoluta, de las inhabilitaciones de personas con discapacidad mental relativa y de las correspondientes rehabilitaciones, así como de las autorizaciones de internación o libertad de la persona con discapacidad mental absoluta.

 

9. De la rendición de cuentas sobre la administración de los bienes del pupilo por parte del curador y las de los consejeros o administradores.

 

Artículo 41. Vía procesal. Modifíquense el numeral 3 del parágrafo 1° del artículo 427 y los numerales 4 y 7 del artículo 649 del Código de Procedimiento Civil, así:

 

Artículo 427. Se tramitarán en proceso verbal por el procedimiento consagrado en este Capítulo, los siguientes asuntos:

 

Parágrafo 1°. En consideración a su naturaleza:

 

(...)

3. La inhabilitación de las demás personas con discapacidad mental y su rehabilitación.

 

Artículo 649. Asuntos sujetos a su trámite. Se sujetarán al procedi­miento de jurisdicción voluntaria los siguientes asuntos:

 

1. (...)

 

4. De la designación y remoción de guardadores, consejeros o admi­nistradores.

 

7. La interdicción de la persona con discapacidad mental absoluta y su rehabilitación.

 

Artículo 42. Interdicción y rehabilitación de la persona con disca­pacidad mental absoluta. El artículo 659 del Código de Procedimiento Civil quedará así:

 

Artículo 659. Interdicción de la persona con discapacidad mental absoluta. Para la interdicción de la persona con discapacidad mental absoluta se observarán las siguientes reglas:

 

1. A la demanda se acompañará un certificado de un médico psiquia­tra o neurólogo sobre el estado del presunto interdicto, expedido bajo juramento que se entenderá prestado por la sola firma.

 

2. No será necesario probar el interés del demandante para promover el proceso e incluso podrá promoverlo el Juez de Oficio.

 

3. En el auto admisorio de la demanda se ordenará citar a quienes se crean con derecho al ejercicio de la guarda y se ordenará el dictamen médico neurológico o psiquiátrico sobre el estado del paciente. La ob­jeción al dictamen se decidirá por auto apelable.

 

4. En el dictamen médico neurológico o psiquiátrico se deberá con­signar:

 

a) Las manifestaciones características del estado actual del paciente.

 

b) La etiología, el diagnóstico y el pronóstico de la enfermedad, con indicación de sus consecuencias en la capacidad del paciente para ad­ministrar sus bienes y disponer de ellos, y

 

c) El tratamiento conveniente para procurar la mejoría del paciente.

 

5. Recibido el dictamen, el Juez, dentro de los cinco (5) días siguientes, correrá traslado del mismo por el término de tres (3) días.

 

6. Resueltas las objeciones, si las hubiere y vencido el término pro­batorio se dictará sentencia. En esta se hará la provisión del guardador testamentario, legítimo o dativo conforme a lo preceptuado en esta ley. En la misma sentencia ordenará la confección, en un plazo que no ex­cederá de sesenta (60) días, del inventario y avalúo de los bienes de la persona con discapacidad mental absoluta, por un auxiliar de la justicia cuyos honorarios serán cancelados con cargo al patrimonio de la persona con discapacidad mental absoluta o por el ICBF cuando la persona con discapacidad no tenga recursos suficientes para ello. Recibido y apro­bado el inventario, el Juez fijará la garantía y una vez otorgada esta, se dará posesión al guardador y se hará entrega de los bienes inventariados.

 

7. Se podrá decretar la interdicción provisoria de la persona con dis­capacidad mental absoluta de conformidad con lo dispuesto en la ley, teniendo en cuenta el certificado médico acompañado a la demanda. En el auto que decrete esta medida se designará el curador provisorio.

 

También se podrán decretar las medidas de protección personal de quien se encuentre con discapacidad mental que el Juez considere nece­sarias, incluyendo las medidas terapéuticas que se estimen convenientes.

 

Los autos a que se refiere el presente numeral son apelables en el efecto devolutivo si en ellos se accede a tales medidas y en el diferido si las niegan.

 

8. Los decretos de interdicción provisoria y definitiva deberán inscri­birse en la Oficina de Registro del Estado Civil y notificarse al público por Aviso que se insertará una vez por lo menos en un diario de amplia circulación nacional, señalado por el Juez.

 

9. La posesión, las excusas o la incapacidad del guardador y la entrega de bienes, se regirán por lo dispuesto en el artículo 655.

 

Artículo 43. Reconocimiento del Guardador Testamentario. El artículo 655 del Código de Procedimiento Civil quedará así:

 

Artículo 655. Reconocimiento del guardador testamentario. En los procesos para el reconocimiento de guardador testamentario y posesión del cargo, se observarán las siguientes reglas.

 

1. Cuando el guardador solicite directamente que se le dé posesión del cargo, deberá acompañar a la demanda copia del testamento, la par­tida de defunción del testador y la prueba de la incapacidad del pupilo y cuando fuere el caso, de que no se halla bajo patria potestad. Si la prueba es suficiente, se prescindirá del término probatorio y se pronunciará la sentencia que lo reconozca, en el cual se le señalará caución en los casos previstos y término para presentarla.

 

2. Prestada la caución, el Juez fijará la hora y fecha para entregar al guardador los bienes del pupilo por inventario, en el que se incluirán las cosas que, bajo juramento, denuncie el solicitante.

 

3. El menor adulto podrá pedir que se requiera al guardador para que manifieste si acepta el cargo y así lo ordenará el Juez y le señalará el término legal establecido para esa manifestación. Si el guardador pre­senta dentro de dicho término excusa o alega inhabilidad, se tramitará incidente, con la intervención del Ministerio Público.

 

Si el guardador acepta el cargo, se procederá como indican los nu­merales anteriores.

 

Artículo 44. Rehabilitación del interdicto. El artículo 660 del Código de Procedimiento Civil quedará así:

 

Artículo 660. Rehabilitación del interdicto. Para la rehabilitación de la persona con discapacidad mental absoluta se aplicará el procedimiento de la interdicción, sin que haya lugar a la citación por edicto de posibles interesados.

 

Artículo 45. Inhabilitación y rehabilitación. El artículo 447 del Código de Procedimiento Civil quedará así:

 

Artículo 447. El proceso de inhabilitación se seguirá con audiencia de la persona con discapacidad mental relativa o inhábil negocial. En la demanda podrá pedirse la inhabilitación provisional que autorizan las presentes normas y se decidirá en el Auto admisorio de la demanda. Ad­mitida la demanda, el Juez decretará las pruebas que estime convenientes y dispondrá que se practique el examen psicológico u ocupacional del presunto inhábil, por un equipo interdisciplinario. Las pruebas que se practiquen dentro del proceso se tendrán en cuenta para la decisión de ambos. Decretada la inhabilitación provisional, en el mismo Auto se nombrará el consejero interino. Dicho Auto será apelable; el que deniega la inhabilitación lo será en el efecto diferido.

 

Decretada la inhabilitación, la provisión de consejero se hará en el mismo proceso por el procedimiento señalado para la guarda.

 

Parágrafo. Sobre los bienes del inhabilitado que vayan a ser dados en administración, se confeccionará un avalúo que se regirá por el numeral 4 del artículo 659 del Código de Procedimiento Civil con las modifica­ciones introducidas por esta ley.

 

Artículo 46. Unidad de actuaciones y expedientes. Cualquier actuación judicial relacionada con quienes sufren discapacidad dará lugar a que se abra un expediente que servirá de base para todas y cada una de las actuaciones posteriores relacionadas con la capacidad jurídica de dicha persona y, en consecuencia, cada Despacho Judicial contará con un ar­chivo de expedientes inactivos sobre personas con discapacidad mental del cual se puedan retomar las diligencias cuando estas se requieran. En el evento de requerirse el envío al archivo general, estos expedientes se conservarán en una sección especial que permita su desarchivo a reque­rimiento del juzgado.

 

Será competente para conocer de todas las causas relacionadas con la capacidad o asuntos personales del interdicto, el Juez que haya tramitado 3. La inhabilitación de las demás personas con discapacidad mental y su rehabilitación.

 

Artículo 649. Asuntos sujetos a su trámite. Se sujetarán al procedi­miento de jurisdicción voluntaria los siguientes asuntos:

 

1. (...)

 

4. De la designación y remoción de guardadores, consejeros o admi­nistradores.

 

7. La interdicción de la persona con discapacidad mental absoluta y su rehabilitación.

 

Artículo 42. Interdicción y rehabilitación de la persona con disca­pacidad mental absoluta. El artículo 659 del Código de Procedimiento Civil quedará así:

 

Artículo 659. Interdicción de la persona con discapacidad mental absoluta. Para la interdicción de la persona con discapacidad mental absoluta se observarán las siguientes reglas:

 

1. A la demanda se acompañará un certificado de un médico psiquia­tra o neurólogo sobre el estado del presunto interdicto, expedido bajo juramento que se entenderá prestado por la sola firma.

 

2. No será necesario probar el interés del demandante para promover el proceso e incluso podrá promoverlo el Juez de Oficio.

 

3. En el auto admisorio de la demanda se ordenará citar a quienes se crean con derecho al ejercicio de la guarda y se ordenará el dictamen médico neurológico o psiquiátrico sobre el estado del paciente. La ob­jeción al dictamen se decidirá por auto apelable.

 

4. En el dictamen médico neurológico o psiquiátrico se deberá con­signar:

 

a) Las manifestaciones características del estado actual del paciente.

 

b) La etiología, el diagnóstico y el pronóstico de la enfermedad, con indicación de sus consecuencias en la capacidad del paciente para ad­ministrar sus bienes y disponer de ellos, y

 

c) El tratamiento conveniente para procurar la mejoría del paciente.

 

5. Recibido el dictamen, el Juez, dentro de los cinco (5) días siguientes, correrá traslado del mismo por el término de tres (3) días.

 

6. Resueltas las objeciones, si las hubiere y vencido el término pro­batorio se dictará sentencia. En esta se hará la provisión del guardador testamentario, legítimo o dativo conforme a lo preceptuado en esta ley. En la misma sentencia ordenará la confección, en un plazo que no ex­cederá de sesenta (60) días, del inventario y avalúo de los bienes de la persona con discapacidad mental absoluta, por un auxiliar de la justicia cuyos honorarios serán cancelados con cargo al patrimonio de la persona con discapacidad mental absoluta o por el ICBF cuando la persona con discapacidad no tenga recursos suficientes para ello. Recibido y apro­bado el inventario, el Juez fijará la garantía y una vez otorgada esta, se dará posesión al guardador y se hará entrega de los bienes inventariados.

 

7. Se podrá decretar la interdicción provisoria de la persona con dis­capacidad mental absoluta de conformidad con lo dispuesto en la ley, teniendo en cuenta el certificado médico acompañado a la demanda. En el auto que decrete esta medida se designará el curador provisorio.

 

También se podrán decretar las medidas de protección personal de quien se encuentre con discapacidad mental que el Juez considere nece­sarias, incluyendo las medidas terapéuticas que se estimen convenientes.

 

Los autos a que se refiere el presente numeral son apelables en el efecto devolutivo si en ellos se accede a tales medidas y en el diferido si las niegan.

 

8. Los decretos de interdicción provisoria y definitiva deberán inscri­birse en la Oficina de Registro del Estado Civil y notificarse al público por Aviso que se insertará una vez por lo menos en un diario de amplia circulación nacional, señalado por el Juez.

 

9. La posesión, las excusas o la incapacidad del guardador y la entrega de bienes, se regirán por lo dispuesto en el artículo 655.

 

Artículo 43. Reconocimiento del Guardador Testamentario. El artículo 655 del Código de Procedimiento Civil quedará así:

 

Artículo 655. Reconocimiento del guardador testamentario. En los procesos para el reconocimiento de guardador testamentario y posesión del cargo, se observarán las siguientes reglas.

 

1. Cuando el guardador solicite directamente que se le dé posesión del cargo, deberá acompañar a la demanda copia del testamento, la par­tida de defunción del testador y la prueba de la incapacidad del pupilo y cuando fuere el caso, de que no se halla bajo patria potestad. Si la prueba es suficiente, se prescindirá del término probatorio y se pronunciará la sentencia que lo reconozca, en el cual se le señalará caución en los casos previstos y término para presentarla.

 

2. Prestada la caución, el Juez fijará la hora y fecha para entregar al guardador los bienes del pupilo por inventario, en el que se incluirán las cosas que, bajo juramento, denuncie el solicitante.

 

3. El menor adulto podrá pedir que se requiera al guardador para que manifieste si acepta el cargo y así lo ordenará el Juez y le señalará el término legal establecido para esa manifestación. Si el guardador pre­senta dentro de dicho término excusa o alega inhabilidad, se tramitará incidente, con la intervención del Ministerio Público.

 

Si el guardador acepta el cargo, se procederá como indican los nu­merales anteriores.

 

Artículo 44. Rehabilitación del interdicto. El artículo 660 del Código de Procedimiento Civil quedará así:

 

Artículo 660. Rehabilitación del interdicto. Para la rehabilitación de la persona con discapacidad mental absoluta se aplicará el procedimiento de la interdicción, sin que haya lugar a la citación por edicto de posibles interesados.

 

Artículo 45. Inhabilitación y rehabilitación. El artículo 447 del Código de Procedimiento Civil quedará así:

 

Artículo 447. El proceso de inhabilitación se seguirá con audiencia de la persona con discapacidad mental relativa o inhábil negocial. En la demanda podrá pedirse la inhabilitación provisional que autorizan las presentes normas y se decidirá en el Auto admisorio de la demanda. Ad­mitida la demanda, el Juez decretará las pruebas que estime convenientes y dispondrá que se practique el examen psicológico u ocupacional del presunto inhábil, por un equipo interdisciplinario. Las pruebas que se practiquen dentro del proceso se tendrán en cuenta para la decisión de ambos. Decretada la inhabilitación provisional, en el mismo Auto se nombrará el consejero interino. Dicho Auto será apelable; el que deniega la inhabilitación lo será en el efecto diferido.

 

Decretada la inhabilitación, la provisión de consejero se hará en el mismo proceso por el procedimiento señalado para la guarda.

 

Parágrafo. Sobre los bienes del inhabilitado que vayan a ser dados en administración, se confeccionará un avalúo que se regirá por el numeral 4 del artículo 659 del Código de Procedimiento Civil con las modifica­ciones introducidas por esta ley.

 

Artículo 46. Unidad de actuaciones y expedientes. Cualquier actuación judicial relacionada con quienes sufren discapacidad dará lugar a que se abra un expediente que servirá de base para todas y cada una de las actuaciones posteriores relacionadas con la capacidad jurídica de dicha persona y, en consecuencia, cada Despacho Judicial contará con un ar­chivo de expedientes inactivos sobre personas con discapacidad mental del cual se puedan retomar las diligencias cuando estas se requieran. En el eve

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